La Sentencia del TS absolviendo al Juez Garzón es, sobre todo, un acto de justicia. Para restaurar su dignidad profesional, tan maltratada por dicho Tribunal, y para derrotar a las acusaciones fascistas. Pero no ha resuelto de forma definitiva cual es la viabilidad de las denuncias ante los Tribunales de las víctimas de los crímenes franquistas.
La Sentencia parte de presupuestos conservadores y muy formalistas en la interpretación de las Leyes y Tratados Internacionales que favorecen a dichas víctimas. Bastan unas consideraciones.
En primer lugar, no contiene ninguna referencia a uno de los hechos criminales objeto de la investigación del Juez Garzón, los “niños perdidos”.Una muestra preocupante de la falta de objetividad en el análisis de los hechos objeto del Sumario 53/2008.
Tampoco hace referencia a la cifra, al menos provisional, de desaparecidos que consta en los Autos, cual es la de 114.266 personas y sus restos. Es, sin duda, una forma de relativizar la gravedad delos hechos denunciados e investigados.
Mantiene esa equidistancia tan conservadora de no citar para nada la II República, como institución legítima destinataria del “golpe de Estado” de 1936. Y, paralelamente,referirse a los “dos bandos” durante la Guerra Civil o, lo que es peor, al “bando republicano”.
Y parte de un presupuesto falso sobre las pretensiones de los denunciantes ante la Audiencia Nacional en Diciembre de 2006. No pretendían, como sostiene la Sentencia, “juicios de la verdad”. No, en absoluto. Denunciaban hechos criminales, la detención y posterior desaparición de sus familiares, presumiblemente fallecidos. No era solo “el derecho a saber” o la “verdad histórica” sino, como decía una de las entidades denunciantes, “requerir a la Administración de Justicia para que asuma un papel activo en la localización de las fosas, exhumaciones…”. Es decir, que el Juez procediera, como se pretendió hacer, en aplicación de la Ley Procesal que le obliga a descubrir los delitos, haya o no autor conocido.
Los denunciantes deseaban que, por fin, los Jueces cumplieran con su deber de investigar los hechos denunciados.
El TS continúa rechazando, como ya lo hizo el Juez Varela, aplicar el Derecho Internacional Humanitario. No lo podemos aceptar. Porque genera abandono y la máxima indefensión de las víctimas, aún muy numerosas, de la dictadura.
Y que no se nos diga que la transición significó “el abandono pacífico del franquismo”, como pretende el TS, porque es completamente falso.
Pero, sobre todo, porque ya es hora de que el TS, sin más dilación, tutele y proteja los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos. Porque si no lo hiciera, estaría alineándose con el olvido y el silencio y la completa impunidad de la dictadura franquista.
1.204 fosas comunes extendidas por toda España exigen una clara e inequívoca respuesta. Y la respuesta solo puede estaren la reapertura del Sumario 53/2008 que abrió legalmente el Juez Garzón.
Es la única respuesta humanitaria y democrática que esperamos y exigimos
